Gobierno otorga suma urgencia a proyecto que busca regular y aplicar impuestos a sitios de apuestas en línea

En un movimiento clave para el ordenamiento del mercado digital, el Gobierno de José Antonio Kast otorgó este miércoles suma urgencia al proyecto de ley que busca regular las plataformas de apuestas online en Chile. La propuesta, que se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado, pretende transitar desde la actual ilegalidad hacia un sistema fiscalizado que resguarde los intereses fiscales y la salud de los usuarios.

Este impulso legislativo se suma a la urgencia otorgada a otra iniciativa que busca prohibir contratos publicitarios entre jugadores de fútbol profesional y estos sitios web. La Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL) valoró la celeridad gubernamental, reiterando su disposición para colaborar en la redacción técnica de la norma.

Nuevas facultades y cambios en la fiscalización

El proyecto transforma la actual institucionalidad, convirtiendo a la Superintendencia de Casinos de Juego en la nueva Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar (SCJ). Esta entidad tendrá facultades para otorgar licencias generales de operación y sancionar infracciones.

Entre las obligaciones para las empresas destacan:

• Constitución legal: Deben ser sociedades anónimas cerradas con domicilio en Chile y objeto exclusivo.

• Acceso remoto: Las operadoras deberán permitir que la SCJ acceda en tiempo real a sus flujos financieros y plataformas para fiscalizar apuestas y pagos.

• Publicidad restringida: Solo podrán anunciarse sitios con licencia vigente, prohibiéndose cualquier gráfica o símbolo que induzca la participación de menores.

Impuestos y "cooling off" para operadores actuales

Para igualar las condiciones con los casinos físicos, el proyecto establece un esquema impositivo robusto:

• Impuesto específico: Un 20% sobre los ingresos brutos, sumado al pago de IVA.

• Aporte al juego responsable: Una tasa adicional del 1% de los ingresos brutos anuales.

Para quienes operan hoy fuera de la norma, se establece un periodo de "cooling off" (pausa): no podrán solicitar licencias si han funcionado ilegalmente en los 12 meses previos a la postulación. Para regularizar su situación, deberán pagar un impuesto sustitutivo del 31% sobre los ingresos brutos de los últimos 36 meses.

¿Quiénes tienen prohibido apostar?

La ley es taxativa en cuanto a los grupos que no podrán abrir ni mantener cuentas de apuestas, destacando entre ellos a los niños, niñas y adolescentes, personas privadas de libertad y quienes adeuden tres o más cuotas de pensión de alimentos.

Asimismo, se prohíbe la participación a funcionarios de la SCJ, fiscalizadores y directivos de las propias operadoras. Quienes intenten vulnerar estos mecanismos con identidad falsa arriesgan penas de presidio menor en su grado mínimo y multas de hasta 20 UTM.

Protección al jugador: Registro de Autoexclusión

Como pilar de salud pública, se crea la Política Nacional de Apuestas Responsables y un Registro Nacional de Autoexclusión. Este último permitirá que cualquier ciudadano solicite voluntariamente que se le prohíba el acceso a las plataformas por un periodo no inferior a seis meses. Este bloqueo será vinculante: si una persona se inscribe, la restricción se aplicará automáticamente tanto en sitios online como en casinos físicos.